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14 de Junio de 2017
Por una atención integral a la población reclusa

La red ESEN (ESPETXE SAREA EUSKADI-NAFARROA) es una red de organizaciones sociales que actúan en el ámbito penal y penitenciario en el País Vasco y Navarra. Loiolaetxea, obra de la Compañía de Jesús que trabaja con personas presas y con experiencia penitenciaria y que incluye una comunidad de hospitalidad, forma parte de la red ESEN desde que esta comenzara sus actividades en 2014. Esta red, integrada en la Red Estatal de Organizaciones del Entorno Penitenciario (ROSEP), pretende elevar la realidad penitenciaria a la agenda política y a la sociedad, promover un abordaje del tratamiento penal y penitenciario centrado en la persona como sujeto de derechos y en sus posibilidades de resocialización, y valorar e influir en las políticas sociales para atender las necesidades de las personas privadas de libertad. 

El pasado 9 de junio la red ESEN celebró un encuentro con representantes de los partidos políticos e hizo público un posicionamiento a través de una rueda de prensa. ESEN se reafirma en que las personas que cumplen una condena de prisión proceden, en su mayoría, de ámbitos de exclusión social, presentan un cúmulo de déficit y necesidades -educativas, sociales, formativas, sanitarias, económicas, administrativas y/o emocionales-, cuya atención requiere de medios especializados y supone una responsabilidad para la comunidad, las instituciones públicas y las entidades sociales. 
 
Entre otras reivindicaciones, ESEN reclama la transferencia de la política penitenciaria a la Comunidad Autónoma Vasca con el fin de sumar esta materia a las políticas sociales, educativas, de empleo o sanitarias que ya son competencia del Gobierno Vasco, de manera que pueda darse una atención integral y unificada. Por otro lado, para ESEN, ha de promoverse que las sanciones alternativas a la prisión sean la respuesta habitual frente al delito, y la prisión se convierta en la excepción. También abogan por invertir en sanidad, educación o política social, y planificar adecuadamente las plazas que deberían existir de privación de libertad. 
 
Por último recuerdan que el colectivo de personas privadas de libertad presenta unas particularidades muy específicas motivadas por su estancia en prisión, en ocasiones durante largos períodos de tiempo. Esto causa desarraigo (personal, social y “administrativo”) y que en numerosas ocasiones carezcan de documentación actualizada o en regla. La Administración debería ser especialmente sensible a esta situación y asegurar que ninguna persona privada de libertad sin acogimiento externo pueda quedar al margen del acceso a los Servicios Sociales y cumpla más condena. Por ejemplo: si una persona reúne todas las condiciones legales para poder acceder a la libertad condicional, pero carece de un domicilio de referencia, permanecerá en prisión hasta el cumplimiento definitivo de su condena, que en ocasiones, puede ser de varios años.
 
 
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